Miguel Stedile
Militar gaucha, el Ministerio Público del estado de Río Grande del Sur
planeó "disolver" el Movimiento de los Sin Tierra (MST). “Estamos frente
a la mayor conspiración civil-militar desde el final de la dictadura”,
dice el abogado defensor.
Desalojo de áreas conquistadas, prohibición de cualquier desplazamiento
de familias que viven en campamentos, uso de la violencia para dispersar
movilizaciones, criminalización de líderes y de movimientos sociales.
Estos episodios, corrientes en el estado de Rio Grande del Sur en los
últimos dos años, son parte de una estrategia del Ministerio Público
Estatal y de la Brigada Militar para disolver al Movimiento de los Sin
Tierra (MST). Las denuncias fueron divulgadas en audiencia pública el
martes (24) y están basadas en un acta del Consejo Superior del
Ministerio Público gaucho.
El 3 de diciembre de 2007, el Consejo aprobó el informe de los fiscales
Luciano de Faria Brasil y Fábio Roque Sbardelotto, que investigaron al
MST durante un año. El informe utiliza textos del sociólogo Zander
Navarro y del filósofo Denis Rosenfield, notorios opositores del
Movimiento, y otro informe de la Brigada Militar, firmado por el
comandante Waldir João Reis Cerutti, ex candidato a diputado provincial
por el Partido Progresista (PP).
Según los fiscales, el MST es una organización paramilitar, entrenada
por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y representa
una amenaza a la seguridad nacional.
Criminalización del Movimiento
Por unanimidad, el Consejo del Ministerio Público (MP) gaucho decidió
iniciar una serie de medidas para la “disolución del MST y declaración
de su ilegalidad”.
Para cumplir con este objetivo, el Consejo Superior del MP tomó una
serie de medidas. Dispuso la prohibición de cualquier desplazamiento de
los sin-tierra, como marchas o caminatas. Pasó a investigar campamentos
y líderes por “prácticas criminales”, así como asentamientos y el uso de
subsidios públicos. Tomó iniciativas en el sentido de intervenir en las
escuelas de los asentamientos, inclusive en el “aspecto pedagógico”. Y
se orientó a “desactivar” todos los campamentos.
La decisión del Ministerio Público ya se viene ejecutando desde el año
pasado, cuando una marcha de trabajadores sin-tierra fue impedida de
acercarse a todos los municipios de la Comarca de Carazinho. Desde el
inicio de este año, la acción de la Brigada Militar en las
manifestaciones ha sido más agresiva, no negocia con los movimientos, ha
herido y apresado a varias personas.
Acción inconstitucional
“Estamos Frente a la mayor conspiración civil-militar realizada para
aniquilar un movimiento social desde el final de la dictadura militar
brasileña”, declaró el abogado Leandro Scalabrin, autor de las
denuncias. Para el abogado, la decisión del Ministerio Público viola el
Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y la Constitución
Federal.
Scalabrin dijo que el Ministerio Público y la Brigada Militar recurren
al modelo de policía especial alemana denominada Kavala. “La Kavala no
sólo suspendió la separación entre policía y jurisdicción, sino también
pasó a describir 'la verdad' para jueces y juezas” explica. En Alemania,
culminó con la creación de “zonas especiales” donde se suprimieron los
derechos de reunión y manifestación, se ficharon cientos de líderes y se
iniciaron más de mil procesos judiciales.
Documentos del propio informe contradicen la acusación de los fiscales:
una investigación de la Policía Federal, realizado entre enero y agosto
del año pasado, verificó que no hay ninguna relación del MST con las
FARC e incluso con “extranjeros en la región” y concluyó que “no existe
crimen contra la seguridad del Estado”.
En un comunicado público, la Coordinación Provincial del MST afirma que
en Río Grande del Sur se vive una situación de “amenazas a las
libertades conquistadas tras el fin de la dictadura militar”. Según la
Coordinación, “El tenor de los documentos y la propia práctica de estas
instituciones representan un retroceso al autoritarismo, a la falta de
respeto a la Sociedad Civil y a la incapacidad de respetar la pluralidad
política y social”. (Traducción: ALAI)
Articulo original publicado en portugués por Brasil de Fato
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